Una coyuntura crítica para la migración latinoamericana

Escrito por Oscar Reyes 

El pasado 27 de julio de este año, la Casa Blanca publicó en su página web una carta que lleva el título de Fact Sheet: The Biden Administration Blueprint for a Fair, Orderly and Humane Inmigration System. Este informe es una clase de registro en el cual, el gobierno de Estados Unidos presenta los avances que ha hecho en materia de política migratoria desde enero de 2021, además de enlistar la agenda de políticas públicas que aún están pendientes para seguir tratando los principales problemas migratorios que involucran principalmente a Norte y Centroamérica.

Más allá de emitir juicios de valor poco imparciales que aporten dudosa utilidad al largo y complejo tema de la migración latinoamericana hacia Estados Unidos, lo importante es hacer seguimiento y confirmar el verdadero impacto positivo que las acciones y políticas tomadas por el gobierno de Harris-Biden puedan tener para cambiar la situación que viven todos los migrantes. Es vital enfocarse en aspectos como la justicia imparcial, el desarrollo de una frontera mejor administrada y segura, sin ignorar los problemas de raíz geopolíticos y económicos que han provocado los históricos movimientos migratorios.

El informe presenta movimientos interesantes realizados para tener una frontera más humana y segura, incluyendo un presupuesto más amplio, mejoras tecnológicas, y quizá lo más importante radique en el esfuerzo gubernamental por evitar las deportaciones injustificadas, examinando qué individuos tienen motivos legítimos de asilo, evitando en el acto las acciones de tráfico ilegal y contrabando humano.

Las aplicaciones de asilo también se ven cambiadas. Enfatizando en los medios de migración legal, el gobierno menciona que se han tomado acciones para mejorar la justica y eficacia del sistema de asilo, eliminando las políticas de Trump que prevenían a los individuos de obtener un refugio digno; además de reducir procesos burocráticos y proveer representación legal y económica para los individuos vulnerables. Todo esto se ve reflejado en el aumento de presupuesto estimado para 2022 en estos ámbitos, el cual pasó de los 15 a los 23 millones de dólares.

Finalmente, y con notables mejoras en el proceso de visado, el gobierno se compromete a invertir en Centroamérica, con el objetivo de realizar cambios estructurales que traten las causas más profundas de la migración. Para 2022, y con 861 millones de dólares, el propósito es realizar inversiones económicas de desarrollo en la región, combatir la corrupción a la vez que se mejora la gobernanza democrática, promoviendo el respeto por los derechos humanos y combatiendo toda clase de actos violentos que quiebren el orden de la sociedad civil.

Aunque esta administración ha tenido contradicciones respecto a su discurso pro migratorio, es muy importante el rol que tiene este informe, ya que al menos plantea metas concretas y de diferente impacto y plazo para con el tema migratorio. ¿Podrá el Congreso colaborar con el presidente y poner en acción estos planes tan urgentes? ¿Se respetarán las vías legales y de justicia para proteger a los migrantes? ¿Cuáles y cómo serán los efectos en las regiones latinoamericanas?

Las preguntas son muchas, pero de lo que no cabe duda es que se ha presentado un plan esperanzador para mejorar la calidad de vida de los migrantes al mismo tiempo que podría haber un desarrollo económico que cambie el devenir de la migración en América Latina.