Los migrantes del Golfo

Marina de la Sierra

A pesar de su cercanía geográfica, los seis países del golfo que forman parte del Consejo de Cooperación para los Estados Árabes del Golfo (GCC)– Arabia Saudita, Bahréin, Omán, Catar, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos– no han acogido a refugiados sirios, remitiendo la responsabilidad a países como Líbano, Turquía y Jordania. La inexistencia de políticas de asilo prohíbe la entrada de refugiados sirios salvo que estos consigan patrocinadores y permisos de trabajo. Ante esto, vale la pena echarles un vistazo a las políticas migratorias en el golfo y las condiciones laborales de los migrantes.

Estos seis países se han destacado como grandes centros financieros, atracciones para flujos masivos de capital internacional y, como es el caso de Dubái, centros de negocios y turísticos de híper lujo. Pero detrás de las carreteras, hoteles y mega-edificios en el desierto se esconde el trabajo de millones de trabajadores migrantes. En el 2019, según el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas, había 35 millones de migrantes en el GCC, Jordania y Líbano, de los cuales 31% eran mujeres. El 70% de la fuerza laboral en el GCC es migrante. Solamente en Dubái, el 90% de los residentes son expatriados/as. La gran mayoría de las mujeres trabajan como trabajadoras domésticas, mientras que los hombres trabajan en construcción o servicios turísticos. La mayoría de las personas migrantes vienen de países en Asia y África como Egipto, Filipinas, Pakistán e India.

El sistema kafala es un sistema de patrocinios para trabajadores migrantes que garantiza el flujo de mano de obra barata hacia el Golfo. Ha sido denunciado por organizaciones como el Observatorio de Derechos Humanos por dar cabida a todo tipo de abusos y explotación hacia las personas migrantes. Bajo este sistema, el empleador garantiza la vivienda del migrante y solamente él puede terminar o renovar el contrato, atando a los y las trabajadoras a condiciones que muchas veces son deplorables: en viviendas compartidas con hasta otros 20 trabajadores, con condiciones sanitarias indignas e incluso en campos de trabajo. También existen agencias reclutadoras, que pueden endeudar con montos impagables a los trabajadores para patrocinar las visas y llevarlos al Golfo. Los trabajadores, especialmente las trabajadoras domésticas, tienen pocas o ninguna protección bajo las leyes laborales de los países, dejándolas sin protección ante casos de robo y retención de salarios, abuso sexual, jornadas laborales de hasta 21 horas, confinamiento en campos u hogares e incluso retención de pasaportes o visas. La inhabilidad de los trabajadores de abandonar un trabajo incluso cuando las situaciones amenazan su integridad y vida les obliga a escapar, lo cual es considerado ilegal en países como Arabia Saudita. Estas personas pueden ser encarceladas o se les niega el permiso de trabajo, dejándolos aún más vulnerables ante la explotación. A pesar de que Bahréin derogó el sistema kafala en el 2008 y los demás países han prometido reformarlo, los abusos del kafala permanecen.

La negativa a aceptar refugiados sirios de no tener permisos de trabajo no debe sorprendernos: los centros más llamativos de estos países han sido construidos sobre las espaldas de una clase permanente de migrantes súper-explotados y subsidiados por las mujeres migrantes que sustituyen la nula provisión social, sin ningún camino a ningún tipo de permiso de estancia, residencia o mucho menos ciudadanía. Ante la llegada de eventos masivos y enormes flujos de capital como será la Copa Mundial de la FIFA en Catar 2022, es imperante alzar la voz por las injusticias que se esconden y se intensifican detrás del estadio y la pantalla.