Algunas notas sobre el tráfico ilícito de migrantes

Marina de la Sierra Hidalgo

Ciencia Política

México, como país de tránsito y destino para migrantes, es tierra fértil para el tráfico ilícito de personas. Es un negocio que, según el Gobierno Mexicano, genera alrededor de 6.000 millones de dólares anuales.

Es importante, primero que nada, distinguir el delito de tráfico de migrantes del delito de trata de personas. Primeramente, en el tráfico de migrantes existe consentimiento por parte de la víctima, quien solicita el servicio del “pollero” o “coyote”, mientras que en la trata el contacto entre la víctima y el tratante se da bajo engaño, abuso o coacción. En segundo lugar, el tráfico ilícito siempre implica un cruce de fronteras, lo cual no es necesario en la trata de personas. Por último, en el caso de trata de personas hay explotación persistente, mientras que en el caso del tráfico ilícito, el contacto entre los agente usualmente termina una vez cruzada la frontera.

A pesar de estas diferencias, en ambos casos hay una operación comercial con seres humanos y, con mucha frecuencia, involucran redes de delincuencia organizada. A pesar de las diferencias, las víctimas de tráfico, al ser inmigrantes indocumentados, son más vulnerables a caer en redes de trata. A pesar de las diferencias, las víctimas de ambos delitos son sometidas a tratos deshumanizantes. Pero, mientras que a las personas migrantes víctimas de trata se les contempla su protección en la ley, incluyendo el derecho a no ser deportadas, a las víctimas de tráfico no se les contempla, a pesar de ser sujetas y vulnerables a violaciones graves a derechos humanos, incluso por parte de las autoridades migratorias mexicanas.

A pesar del “consentimiento” entre el traficante y la víctima, es necesario humanizar y analizar el problema de raíz: las personas que buscan estos servicios, exponiéndose a secuestros, extorsiones y violencia tanto física como sexual, son quienes buscan escapar de peores ciclos de violencia e inseguridad, quienes no ven mejores alternativas, a quienes los canales legales han excluído, quienes han sido mal informados acerca de sus propios derechos, quienes tienen poco que perder. Debe haber una lucha para que se reconozca a las víctimas de tráfico como víctimas de un delito grave, con derecho a solicitar la condición de refugiado sin ser trasladado a centros de detención, con acceso a trámites rápidos y fáciles, así como el derecho a atención médica, psicológica y jurídica digna y eficiente.

El gobierno actual, como los pasados, han apostado por una estrategia de represión y deportación, mientras que, según el Instituto Nacional de Migración, operan más de 20 probables redes de tráfico de personas en México con alcances internacionales. Con el visto bueno y complicidad de la actual administración de Estados Unidos y exacerbado por la pandemia de Covid-19, la seguridad y militarización de ambas fronteras ha aumentado, así como las leyes anti-migración del país vecino. Lejos de frenar la migración, esto incentiva el tráfico. Entre más angostos sean los canales legales, más lucrativo y poderoso se convierte el mercado negro, mientras que los riesgos aumentan considerablemente para las personas migrantes.

Ante esto, es necesario un cambio legislativo para reconocer y proteger a las personas migrantes víctimas del delito de trata, acompañado de una labor de concientización, sensibilización y humanización del problema, tanto para funcionarios públicos como para la sociedad civil. Es necesario también dar seguimiento a los protocolos existentes para el combate del delito y la identificación de víctimas, combatir la corrupción dentro del INM y ampliar los canales legales para la migración regular, para que los migrantes tengan opciones seguras y reales que no contribuyan al crecimiento de un mercado cada vez más grande, como son los programas de trabajo para migrantes fronterizos.

Ante la crisis económica que se avecina, es imperante enfocar la atención en los más vulnerables y crear mecanismos de solución que no criminalicen a las víctimas, esto junto con organizaciones internacionales y locales que protejan a las personas migrantes;  aquellas que llevan años destacando el alarmante aumento del número de secuestros y violaciones a derechos humanos por parte de autoridades y grupos delictivos.